Un Poder Judicial autónomo es indispensable para el correcto funcionamiento de la sociedad y es responsabilidad del Poder Político garantizar   una administración de justicia con  independencia. Una justicia parametrada  solo genera una sociedad  enferma en la que sus integrantes no  ven resueltos sus problemas y cuya imagen al exterior se deteriora cada vez   más.

             Para nuestro país que busca su crecimiento  interno y externo, es importante una administración de  justicia eficaz, pero sobre  todo confiable, de tal forma que sus fallos no puedan ser cuestionados por ilegales.

              El Poder Judicial, debe ser un  poder del Estado autónomo e independiente,  depositario por mandato constitucional con  la potestad de administrar justicia a nombre de la nación, que debe desarrollar sus acciones dentro de los principios de la función jurisdiccional. Por tanto cualquier reforma que se  pretenda debe ser conducida por  profesionales más caracterizados con los que el país cuenta, reconociendo la  autonomía e  independencia del Poder Judicial, así como de la reinvindicación  moral  de los  señores magistrados  y de los  abogados; postulando un  proceso que recoja entre sus  principales características la  oradilidad y la inmediatez, para brindar al litigante una justicia pronta y eficaz, donde se determine de qué lado está la razón, la ley y la justicia.

             Considero que las frustraciones de las “reformas al servicio de la justicia”, se deben a  que se intenta solucionar sus problemas, ignorando que antes hay  una cuestión previa que debe ser resuelta: su independencia económica.  Por otra parte se requieren cualidades y capacidades especiales a parte de la ocasión para desempeñarse como juez, ya que de lo contrario de nada realmente servirán las leyes más sabias y precisas, si no contamos con jueces probos dispuestos a realizar una revolución espiritual, para que la justicia no siga siendo inconfiable, morosa, extraña y sórdida. Pero no basta suprimir a los jueces corruptos , si no también hay  que  suprimir a los litigantes corruptos. Una sociedad puede  tener malas leyes o un deficiente sistema judicial,  pero los  vacíos  y las  incoherencias  de la ley en muchos casos pueden ser remediados por el sano criterio creativo de algún magistrado que entienda que la labor judicial está  más allá de ser meros aplicadores de la ley.

             Los magistrados deben  orientar sus funciones por los derroteros que la vida actual les señala, para que las justicia sea más humana, con más sentido social y más rápida, para que de esta manera el Poder Judicial recupere credibilidad y logre configurar una imagen compatible con la función teórica que el pueblo le ha encomendado. 

            En nuestro Perú se han venido abajo grandes valores morales, pero el Poder Judicial está en el irrenunciable deber de conservar estos valores morales,  para después  extenderlos a los demás campos públicos y privados de nuestra sociedad de la que deben ser faro y ejemplo, porque de lo contrario darán mezquino ejemplo a la sociedad y poco respeto tendrán a  su elevada función. Para lograr todo esto no es necesario actos deslumbradores, pues basta  con hacer las cosas bien, con humildad todos los días, minuto a minuto, con sobria autoridad, con disciplina y severa sencillez. Con firmeza pero sin abuso, sólo así el Perú recuperará la  fe en el Poder Judicial  y  se podrá exigir, con justa razón, que se cumplan los mandatos de  la justicia, de lo contrario, la independencia y confiabilidad del Poder Judicial seguirán siendo letra muerta, subsistiendo apenas una maquinaria avasallada y sumisa al servicio del poder político, dedicada a perseguir y aplastar con procesos mentirosos a quienes son considerados opositores al régimen de turno.

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